Así lo ha demandado el CERMI en sus propuestas en el trámite de consulta pública previa a la elaboración de un proyecto normativo consistente en una ley para la igualdad plena y efectiva de las personas trans.

 

Además de esta protección reforzada, el CERMI propone que la nueva legislación sitúe a la persona con discapacidad en el centro de todas las decisiones que le afecten, reconociendo que estas personas son titulares de derechos, que tienen como contrapartida la responsabilidad del Estado, las administraciones, el mercado y los distintos operadores en su respeto, aplicación y garantía.

 

También, que esté impregnada por el respeto a la dignidad inherente de las personas con discapacidad y a su voluntad y autonomía, como sujetos titulares plenos de derechos.

 

Otro aspecto de particular relevancia es el de la accesibilidad universal, que debe estar considerada y garantizada en todos los ámbitos y procesos de la nueva Legislación que se prepara, ya que de lo contrario se excluirá a las personas con discapacidad y por tanto se discriminará a la ciudadanía con discapacidad.

 

Una accesibilidad que ha de estar asentada en tres ejes: las medidas accesibilidad universal propiamente dicha, el diseño para todas las personas y los ajustes razonables, cuando sean precisos estos.

 

El CERMI asimismo incide en que la nueva Ley debe pivotar sobre la base de la autoderminación, la igualdad ante la ley y acompañamiento y los apoyos frente a tutelas y paternalismos. En la toma de decisiones sobre su identidad sexual y de género, las personas con discapacidad que puedan necesitar apoyos, estos han de ser accesibles, asequibles e inclusivos, respetando sus deseos y preferencias y maximizando su voluntad propia, sin injerencias ni mediatizaciones externas.